Trabajadores demandarán a ENAP ante Corte Interamericana de DDHH

Trabajadores demandan a ENAP
Trabajadores de ENAP

Jorge Araya fue despedido de ENAP tras denunciar graves irregularidades medioambientales dentro de la empresa. Hoy, su caso irá a la Corte Interamericana de DD.HH.

El extrabajador y dirigente denunció que dentro de la refinería festinaban con las irregularidades y la gestión deficitaria. Millones de dólares por problemas de inseguridad en el lugar de trabajo fueron los temas más álgidos denunciados. Todo esto mientras era presidente del Comité Paritario.

En 2023, tras la paralización de Enap, lo despidieron bajo el argumento de que su cargo “sería eliminado”. No ocurrió así, por lo que para él parece evidente que se le reprendió por sus denuncias sobre irregularidades. Por esto, el caso escaló a la justicia local. Además de Araya, 13 trabajadores llevaron a juicio a la refinería.

Demanda Internacional contra ENAP

Las acciones legales que tomó permitieron llegar a un veredicto favorable. Su despido fue improcedente, según el Juzgado del Trabajo y la Corte de Apelaciones de Concepción.

Se determinó, a su vez, el pago de una indemnización de 200 millones de pesos. No obstante, Araya buscaba reincorporarse a la empresa incluso por sobre la cuantiosa cifra, por el nivel de vinculación que tuvo con la misma. El próximo paso sería la Corte Suprema.

Pese a que aún no hay una resolución desde el máximo tribunal, la defensa del dirigente confirmó que expondrá el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la presentación, otros 13 obreros que denunciaron situaciones similares y que también fueron despedidos, se adhirieron y demandarán a ENAP en los mismos términos.

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) anunció el apoyo a las demandas. David Acuña, su presidente, respaldó a Araya, que acumuló evaluación sobresaliente en sus 26 años de servicio.

La situación es gravosa, consideran los trabajadores, puesto que demuestra una vulneración a sus derechos laborales. Más grave aún, considerando que la irregularidad proviene desde una empresa pública, que debiera actuar conforme a las requeridas probidad y transparencia.