Karina Oliva, ex candidata a gobernadora de la Región Metropolitana, gestionó el pago de una caución de $700 mil pesos para asistir como observadora a las elecciones venezolanas, a pesar de tener arraigo nacional. Tribunales aprobó un recurso de amparo que permitió su viaje, aunque debía cumplir con ciertas condiciones, como volver dentro de un plazo específico. Este permiso generó críticas y controversias debido a las acusaciones de irregularidades financieras en su campaña.