El caso Tomás tiene hoy dos causas abiertas: una que dirige la Fiscalía de la Región de Los Ríos por la querella por sustracción de menor presentada por la madre del pequeño Tomás Bravo, Estefanía Gutierrez y otra por abandono de menor con resultado de muerte que persigue la Fiscalía del Biobío.
En esta segunda causa es que se había fijado juicio oral en contra del tío abuelo de Tomás Jorge Escobar. El procedimiento se debiera realizar el próximo 23 de julio a contar de las 9 y 30 de la mañana y se estima que podría extenderse por un par de meses.
Sin embargo, debido a que dos de los tres defensores penales de esta causa (entre ellos el Defensor Regional Osvaldo Pizarro) están con licencia médica es que se elevó una petición a tribunales para que el inicio del juicio fuera postergado. Pese a que no hubo oposición de la Fiscalía, se rechazó la solicitud aduciendo que había tiempo para preparar otros defensores.
Tomás Bravo desapareció la tarde del 17 de febrero de 2021 / Captura RRSSDefensa apela a través de un Recurso de Amparo
El Jefe de Estudios de la Defensoría Penal Pública Cristián Sleman manifestó que han presentado un Recurso de Amparo apelando la resolución del tribunal oral.
“Hemos puesto una acción constitucional de amparo en contra de la resolución del tribunal oral en lo penal de Cañete debido al rechazo de fijar una nueva fecha para el juicio oral en razón de encontrarse con licencia medica el defensor titular del imputado quien es el abogado que ha mantenido la relación de confianza con él desde los inicios del procedimiento y quien ha sostenido durante el largo de toda la investigación la defensa del imputado en calidad de titular” indicó el profesional.
El Defensor Regional Osvaldo Pizarro se haría cargo de la defensa de Jorge Escobar está con una licencia médica / Defensoría Penal Pública“Además agravando esta situación -agregó- también se encuentra con licencia médica uno de los abogados que prestó apoyo técnico y que estaba planificado lo hiciera del mismo modo en el transcurso del juicio oral. Considerando que la teoría del caso de la defensa es la absolución de don Jorge, que este es el primer agendamiento de la audiencia y que se está solicitando una pena de 10 años y un día, naturalmente esta situación a nuestro juicio amenaza la libertad personal y seguridad individual de nuestro representado”, concluyó Sleman.
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